La resolución 39/2011 de la Unidad de Información Financiera (UIF), que fija obligaciones preventivas, informativas y de control para los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores respecto de la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, desvela a los operadores del comercio exterior.

En resoluciones anteriores, la UIF dispuso obligaciones similares para los registros públicos de comercio y los organismos representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas, a las empresas transportadoras de caudales, a los registros de la propiedad automotor y de créditos prendarios, a contadores y escribanos, entre otros.

Los cuestionamientos a la iniciativa pasan por dos ejes principales: el riesgo que implica hacer una tarea para la que no están preparados y el costo económico que significa la tarea administrativa extra que demanda el cumplimiento de la medida.

La norma establece que las empresas deben:

  • Elaborar un manual de políticas y procedimientos para prevención del lavado
  • Designar un oficial de cumplimiento (miembro del directorio) y comunicarlo a UIF antes del 1° de abril próximo
  • Elaborar y observar una política de identificación de clientes y contar con legajos antes del 16 de mayo
  • Capacitar a los empleados al menos una vez al año
  • Llevar registro escrito del análisis de operaciones sospechosas
  • Implementar herramientas tecnológicas que permitan consolidar las operaciones que realizan con clientes
  • Conservar la documentación por 10 años
  • Contar con un sistema de auditoría interna anual de verificación del efectivo cumplimiento de los procedimientos y políticas de prevención

La norma prevé además fuertes sanciones por incumplimiento (multas de 1 a 10 veces el valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, y siempre que el hecho no constituya un delito más grave), y en caso de no poder establecerse el valor real de los bienes, la multa va de 10.000 a 100.000 pesos.

Las sanciones alcanzan tanto a las personas físicas como jurídicas.