A través de una resolución publicada este miércoles 13 de Abril en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF) ratificó la suspensión de una resolución que establecía obligaciones preventivas, informativas y de control para los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores respecto de la comisión de delitos de lavado de activos.

La suspensión responde al reclamo del sector empresario, que desde que la resolución 39 de la UIF fue dictada, en febrero pasado, la criticaron y comenzaron con una serie de reclamos tendientes a frenar la disposición.

Es una norma incumplible que iba a frenar todo el comercio exterior”, afirmaron en su momento empresarios del sector.

La norma establece que las empresas alcanzadas debían elaborar un manual de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos, designar un oficial de cumplimiento, elaborar una política de identificación de clientes y contar con un registro de legajos, además de llevar un registro escrito del análisis de operaciones sospechosas y capacitar a los empleados en materia de control de lavado de activos una vez por año.

Ahora, la UIF, que conduce José Sbatella, convoca “a las entidades representativas del sector importador, exportador y de los agentes de transporte aduanero a los efectos de la formación de una comisión interdisciplinaria con integrantes de este organismo con el fin de lograr la efectiva implementación de la resolución 39/2011”.

La resolución 39 se enmarca dentro de las exigencias que el Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI) le exige a Argentina para combatir el lavado de dinero.